Opinión

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Las Penas son de los Trabajadores
Por Jorge Rachid
jorgerachid2003@yahoo.com.ar


(09/09) Parafraseando a Don Atahualpa Yupanqui, “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, mientras los trabajadores penan, las ganancias son de las ART ya que quienes deberían cuidar el único capital que tienen los trabajadores, que es su salud, se dedican a rechazar accidentes como enfermedades inculpables preexistentes, en vez de apuntalar e invertir junto a las empresas en medidas de higiene y seguridad en el trabajo.

No es un tema nuevo el de la Ley 24.557 llamada de Riesgos del Trabajo, base junto a la ley 24.241 que dio origen al saqueo de las jubilaciones a través de las AFJP, del sistema financiero neoliberal impulsado por el Banco Mundial en un diseño colonialista de apropiación del ahorro interno genuino, durante la década de los 90, que llevó además a la flexibilización laboral, la desocupación galopante con el consiguiente drama y dolor de millones de argentinos desplazados socialmente, ignorados y calumniados por quienes aplaudían la entrada triunfante de la Argentina al primer mundo en las famosas y vergonzantes “relaciones carnales”

La Corte Suprema de Justicia actual, ámbito de respeto y consideración en cuanto a instituciones de la democracia, declaró inconstitucionales los artículos 39 y 46 de dicha ley por discriminatorios contra los trabajadores ya que le impedían el acceso a la justicia y ordenaban los pagos indemnizatorios de accidentes graves, en cómodas cuotas para las aseguradoras, que recaudan el promedio del 3% de la masa salarial total del país. Una verdadera fortuna en manos de empresas de seguros, en general vinculadas a Bancos, cuya principal actividad es financiera, lejos de las responsabilidades médicas que algún legislador desprevenido de aquella época, 1995, haya podido imaginar.

Nuestros trabajadores se están lastimando, se están muriendo, el episodio de los camioneros fumigados lo demuestra. Tres muertos, muertos sin nombre y sin repercusión en los medios, por cuidar la carga fumigada con fosfato de aluminio, usado contra las plagas granarias que deben esperar en puerto o tienen trayectos largos hasta la descarga. Es indignante el silencio de la SRT o sea superintendencia de riesgos de trabajo, que sigue contando muertos, financiando cursos de capacitación, que está bien si es que se controla que lo enseñado se lleve a la práctica por parte de las ART y las empresas. Ni siquiera los exámenes periódicos semestrales que deben hacer estas supuestas empresas aseguradoras a los empleados se realizan y cuando alguna lo hace no se focaliza las probables lesiones derivadas de las tareas o sea el mismo exámen se realiza para la empleada administrativa que para el obrero que carga bolsas, sin ningún criterio preventivo ni médico.

Desde 1996 en que se puso en marcha el sistema, los índices de morbi-mortalidad se han mantenido en ascenso. El Ministerio de Trabajo que antes hacía las inspecciones las ha tenido que retomar frente a la avalancha de denuncias recibidas en Higiene y Seguridad en el trabajo, con escaso personal y con superposición de funciones en la gestión.

El Parlamento argentino hace años viene discutiendo un tema tan sencillo como adoptar los pesos a cargar por los trabajadores a las normas internacionales es decir nadie puede llevar mas de 23,5 kg., sin embargo nuestros trabajadores cargan 50 Kg. en la molinería, la minería a cielo abierto, mas Kg. en los casos de los frigoríficos con medias reses de 105 a 120 Kg., los textiles con rollos de 80 kg, entre otros trabajos. Otros trabajadores realizan sus labores a 25 grados bajo cero en los frigoríficos sin cumplir las normativas de protección, los garajistas soportan subsuelos sin ventilación con trastornos respiratorios severos, los trabajadores de los surtidores absorben gases bencénicos sin tomar medidas de seguridad, lo mismo los lavaderos, los trabajadores del calzado aspirando sustancias tóxicas de pegamentos de última generación, los molineros manipulando sustancias anabólicas en los alimentos balanceados y la lista podría seguir hasta el infinito en el marco de desprotección lesivo no sólo al físico sino a la dignidad del trabajador.

La SRT mira, dicta cátedra del deber ser, hace cartillas, coloca publicidad en los medios donde nos dice que existe, pero cuando un trabajador se accidenta el desamparo es su único compañero, excepto el sindicato. Desde realizar la denuncia que es un camino al infierno, llenado formularios burocráticos para desalentar el trámite, solicitando diagnósticos de médicos legistas, poniendo trabas, plagado de amenazas del empleador para evitar la denuncia y con eso impedir el aumento de la póliza a futuro, hasta el rechazo pleno del a ART cuando es patología columnaria, herniaria, enfermedades probables del trabajo que por no figurar en el listado o no haber sido diagnosticada, se rechazan. Así son derivados a la obra social, la misma que es atacada y vilipendiada por los medios apuntalados por las empresas de medicina prepaga y otros anunciantes en los medios, con intereses comunes. Por supuesto la obra social lo atiende e intenta resolver el problema, además el trabajador siente a su obra social como propia mientras que a la ART la percibe como brazo extendido de la patronal.

Se calcula que del 7% al 9% del gasto total de las obras sociales se deben a la atención de patologías derivadas del trabajo, si el gasto total ronda los 22.500 al año comprenderemos el “ahorro” de los bancos y aseguradoras que deberían dar respuesta a través de las ART. Ni pensar en aquellos que quedan inválidos y pasan a la cronicidad impactando sobre el PAMI y el hospital público, lo bancos y aseguradoras, bien gracias. O sea que quienes siguen financiando su tratamiento de la enfermedad o del accidente son los trabajadores con ahorro genuino interno de salario diferido. La codicia de quienes deberían cuidar la salud de millones de argentinos siguen apostando a la timba financiera de la Bolsa de Valores en la cual cotizan la mayoría de ellas.

Sin embargo los mecanismos de evaluación y seguimiento por parte de las Comisiones Médicas que deben dictaminar siguen como en pleno auge neoliberal, con Baremos indicativos que son tomados como determinativos por las ART y las C.M., con conceptos anatomistas antes que funcionales, en donde una mano lesionada es igualmente valorada en una persona de actividad manual como intelectual, con el agravante de que los Baremos reglamentarios de ambas leyes 24.241 y 24.557, el primero para la invalidez y el otro para las enfermedades profesionales y los accidentes son contradictorios entre si en la valoración de las patologías y los criterios de aplicación también ya que en la invalidez las patologías del mismo órgano no se suman tomando sólo la prevalente. Ambos Baremos aplican la teoría de la capacidad restante, o sea que disminuye la valoración en la suma de patologías, justamente al revés de como repercute sobre el organismo, sumando incapacidad antes que disminuirla.

Como vemos “los riesgos son de los trabajadores y las ganancias de las ART”, mientras los organismos de control, es decir el estado nacional todavía no pudo abocarse al tema con seriedad. Por un lado por la presión empresarial del famoso aumento de los costos laborales como si la salud de los trabajadores estuviese que estar atada al sistema de ganancias aún en su pérdida, un verdadero esclavismo, aunque en la época de los esclavos a éstos los cuidaban porque eran una inversión de capital. Por otro lado si se pudo avanzar sobre las AFJP, parte del mismo diseño de presión del neoliberalismo a través de los organismos de crédito como el BM y el FMI, como no vamos a poder eliminar esta verdadera vergüenza que azota a los trabajadores argentinos, con deterioro de la salud, maltrato, indignidad y abandono.

Tres trabajadores por día muertos sólo en los registrados o sea el 67% ya que el resto son trabajadores en negro, que no salen en ningún medio ni permanecen el los titulares mas que pocas horas, deberían llamarnos a la reflexión en cuanto a continuar la convivencia con un sistema que lastima y daña no sólo a los trabajadores sino a las empresas que abonan un servicio que no se brinda desviando recursos que podrían servir a la inversión y a la seguridad e higiene de los trabajadores cuidando su único capital: la salud.