Opinión

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De eso no se habla
Por Alcira Argumedo

En las múltiples y turbulentas discusiones sobre el DNU, es sintomático el silencio acerca de las posibilidades existentes para obtener ingresos fiscales que no provengan del uso de reservas ni de ajustes en despidos, salarios y gasto social. Al mismo tiempo, se descalifica la necesidad de abordar una auditoría de la deuda pública, susceptible de establecer cuál es la proporción legítima y cuál la fraudulenta: remarcamos que se trata siempre de la misma deuda contraída por la dictadura militar; sólo ha sido sometida a numerosas y oscuras renegociaciones: Brady, Blindaje, Megacanje, Lavagna-Kirchner. Ante la propuesta de investigar la deuda, se acusa a Proyecto Sur de irracionalidad e irresponsabilidad: en estos mismos momentos el Parlamento de Brasil, con el aval del presidente Lula –al que nadie considera irracional e irresponsable–, está investigando la deuda brasileña de los últimos treinta años. Tampoco es irracional e irresponsable el presidente Rafael Correa de Ecuador, quien abordó una rigurosa auditoría: cuando los acreedores supieron que se habían registrado prolijamente todos y cada uno de los desfalcos cometidos, acudieron pronto a negociar aceptando el pago de una tercera parte de lo demandado. Ambos mandatarios cumplen así con la Declaración aprobada por el Parlamento Latinoamericano durante su reunión de Panamá en diciembre de 2008, que los delegados del gobierno argentino apoyaran, marcando el imperativo de investigar las deudas de nuestras naciones.

La actual deuda pública no es algo del pasado –como la de la Baring Brothers en el siglo XIX– en tanto continúa produciendo durísimas consecuencias para la gran mayoría de nuestros compatriotas. Baste tomar algunas cifras del Presupuesto nacional 2010, cuya revisión también propone Proyecto Sur: gasto público en Salud, 10.160 millones de pesos; gasto público en Educación y Cultura, 19.431 millones de pesos; pago de intereses de la Deuda Pública, 26.676 millones de pesos. Con el único requisito de saber sumar, puede comprobarse que los intereses de la deuda (solamente intereses) insumen casi el equivalente a la suma del gasto público previsto en el presupuesto para Salud y Educación este año, y tenemos por delante muchísimos años: los cálculos optimistas indican que, de cumplirse con todos los vencimientos anuales de intereses y capital, sin contraer más deuda, en el 2089 los argentinos que queden estarían a mano. Si ahora se pagaran los 25.000 millones de dólares de capital que vencen en 2010, significarían unos 100.000 millones de pesos adicionales: en total, cinco veces los montos destinados en el Presupuesto a Salud y Educación.

Nadie puede negar que el incremento de la pobreza y la precarización laboral, los dramáticos problemas de vivienda y salud, la crítica situación del sistema educativo son algunas de las secuelas directas del tratamiento de la deuda en las tres últimas décadas. Esto se denomina efecto continuado sobre la mayoría de la sociedad argentina –reforzando, entre otros aspectos, su carácter de “deuda odiosa”– y respalda la validez histórica de afrontar una auditoría como lo han hecho Ecuador y Brasil, reivindicando su dignidad nacional. Un contraste con las declaraciones del ministro Florencio Randazzo, quien durante un programa en TN afirmara que si bien todos sabemos que el 70 por ciento o el 80 por ciento de la deuda es ilegal, debe pagarse. Quede claro que Proyecto Sur no plantea un default: al igual que en Ecuador, es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación, mientras una Comisión Bicameral asesorada por peritos nacionales e internacionales investiga el conjunto del endeudamiento y su legitimidad.

Cuando se analizan otros aspectos del Presupuesto 2010, resaltan cifras de las cuales tampoco se habla: para subsidios del Estado a las corporaciones –entre otras Repsol, Panamerican Energy (British Petroleum y Standard Oil) o Barrick Gold– en regímenes de promoción, exenciones del impuesto a las ganancias y reintegros, están previstos unos 11.400 millones de pesos; además, según García (Página/12, 6/2/2010), se “permite a empresas hidrocarburíferas dejar en el exterior más del 70 por ciento de los montos exportados y a las mineras, el ciento por ciento”, sumado a “las utilidades y dividendos remitidos por las empresas de capital extranjero, que vienen creciendo aceleradamente”. Es posible comparar estos datos con el costo neto de 7326 millones de pesos en concepto de universalizar las asignaciones familiares; mucho menor que las dádivas a las corporaciones privilegiadas.

Silencio sobre otras fuentes potenciales de ingresos fiscales: si se restablecieran las contribuciones patronales de las grandes empresas (no de las Pymes) al nivel de 1993, cuando Cavallo las disminuyó drásticamente, la Anses recibiría unos 15.000 millones de pesos; un impuesto mínimo a las transacciones financieras aportaría otros 11.000 millones de pesos. El señor Cristóbal López y sus socios no pagan impuestos por los importantes beneficios derivados de la aberrante expansión del juego en todo el país; pero la señora de la villa que compra un kilo de harina, aporta el 21 por ciento. Silencio sobre la necesidad de gravar las ganancias extraordinarias, que alcanzaron el 50 por ciento anual para los bancos y varios grupos económicos, según señala el asesor jurídico de la CGT, Héctor Recalde, basándose en datos de la Bolsa de Comercio: en Japón las empresas consideran un gran éxito obtener ganancias cercanas al 10 por cento . Silencio sobre la inflación que carcome los ingresos populares y obliga a reconstruir un Indec en el cual pocos creen.

De este modo, si simplemente se restablecieran los aportes patronales, se anularan las prebendas a las corporaciones y se impusiera un mínimo gravamen a las transacciones financieras, el Estado tendría aproximadamente 42.000 millones de pesos, equivalentes a unos 11.000 millones de dólares, que casi duplican las reservas del DNU. En esta breve síntesis, esbozada como base para un debate serio y sin exacerbar conflictos, sobre el futuro de la Argentina en el marco de la actual crisis mundial (Zaiat, Página/12, 6/2/10), puede percibirse que Proyecto Sur no es funcional a los neoliberales ni promueve ajustes en los salarios y el gasto social (Bruschtein, Página/12, 6/2/10); más bien es posible preguntar quién es funcional al neoliberalismo. Somos una fuerza política comprometida con el interés nacional y el futuro de las mayorías sociales, en particular el de nuestros chicos y jóvenes condenados a la pobreza y la indigencia; no tenemos compromisos económicos con nadie ni estamos en oferta: nuestra decisión es hacer lo imposible por frenar el saqueo iniciado con la dictadura militar al costo brutal de 30.000 desaparecidos y sus consecuencias, el otro costo brutal en vidas humanas por hambre, miseria y enfermedades curables. Investigar la deuda fraudulenta es una forma más de reconstruir la memoria y revertir en parte aquello que denunciara Rodolfo Walsh en su ya mítica Carta a la Dictadura Militar.