Opinión

Opinión

El necesario control estatal sobre YPF
* Por Carlos Heller


Ha estado circulando una metáfora futbolística para evidenciar descarnadamente la importancia estratégica de YPF para su controlante española; se plantea que Repsol sin YPF sería como el Barcelona sin Messi. Según el diario español El País, Repsol “decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera”. Hoy, un tercio de las ganancias de Repsol proviene de YPF.

Esta comparación de Messi con YPF puede servir para evaluar a la Argentina sin Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Cuando YPF se privatizó tenía reservas para 15 años y hoy alcanzan para bastante menos de cinco años. En los últimos diez años la producción de petróleo cayó un 18% y la de gas un 11 por ciento. La falta de inversiones ha sido determinante en este proceso de decadencia.
La situación actual deriva de dos grandes cambios decididos en los años noventa: la privatización de la extracción de recursos hidrocarburíferos junto con la de YPF y la concesión de la propiedad de esos recursos a las provincias, por medio de la Constitución Nacional del ’94. Sobre estos dos puntos de vista es conveniente realizar el análisis.

Se ha demostrado que, cuando la gestión de los servicios públicos o de las concesiones para la extracción de recursos naturales está a cargo del sector privado, las ganancias compiten con las inversiones necesarias, que son muy altas. Siempre terminan ganando las utilidades por sobre la inversión.

El tema YPF es importante y emblemático, pero debe ser entendido como una más de las condiciones emergentes de la privatización de los recursos hidrocarburíferos: si bien es la principal, YPF produce poco más de un tercio del petróleo argentino, le siguen en importancia Pan American con el 20% y Petrobras con el 7 por ciento.
En este sentido, el caso de Repsol YPF es similar al de Aerolíneas Argentinas, son años de una gestión privada que ha ido en desmedro de los activos concesionados o vendidos.

Luego de haberse debatido el tema con gran amplitud, queda claro que el control operativo y la gestión centralizada de los recursos en manos del Estado Nacional es una condición indispensable para remontar las inversiones necesarias y poner a la extracción petrolera a tono con las necesidades del plan económico que gestiona el gobierno. También significa recuperar una herramienta que nos robó el vendaval neoliberal, y que poseen otros gobiernos de la región: una petrolera estatal.

Hay diversas formas de recuperar YPF y todas ellas son válidas. El gobierno deberá sopesar todos los elementos en juego, y cómo se compatibiliza esa necesaria centralización operativa nacional con los derechos de las provincias sobre sus recursos. Y si bien la provincialización agrega una dificultad adicional, un ejemplo de sortear esta cuestión es la creación de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que permite coordinar entre las provincias y el Estado la gestión de estos recursos.

La sola mención de la palabra expropiación desató todo tipo de fantasmas neoliberales, los mismos que decían que si no se pagaban los intereses de la deuda externa nos iban a expropiar los barcos, aviones, y todo lo imaginable. La historia demostró que no era verdad; la embestida de los fondos buitres es feroz, pero es por una parte insignificante de la deuda y las últimas decisiones están siendo favorables para la Argentina. Entre estos fantasmas están los que consideran una herejía pagar por las acciones de la compañía un precio distinto al precio de mercado. Habría que preguntarles a estos gurúes cuál es el precio de mercado, si el de estos días, o el de finales de 2011, cerca de un 30% superior.

Hay que tener presente que, a pesar de la privatización, se le concedió a YPF la acción de oro, es decir, el poder de veto, reconociendo la importancia estratégica de la empresa, con lo cual no puede asimilarse a cualquier empresa privada. Pero, además de esta cuestión, la declaración de utilidad pública y la expropiación es una decisión soberana de la Argentina, porque está en juego la provisión energética actual y futura, y se ha demostrado que con la privatización este tema no sólo no se resuelve, sino que cada año que pasa empeora más.
En realidad, lo que se está discutiendo es cuáles son los intereses que priman, si los de los inversores, responsables de una pésima gestión, o el interés de la Nación.

Las presiones externas pueden verse a partir de esta dicotomía. Las fuertes declaraciones del gobierno español, inmerso en la mayor crisis de su historia democrática, han elevado los intereses de Repsol a nivel de intereses de ese país. No resulta extraño de un gobierno que está aplicando profundamente el ajuste neoliberal dictado por el FMI, que genera elevadísimos costos sociales con el objetivo de “seducir” a los mercados, o, alejándonos de la metáfora, de proteger los intereses de los grandes bancos europeos. Salir frontalmente a defender a Repsol es también un arma más de esa seducción.

No están solos en esta gesta, la Unión Europea ha apoyado los reclamos de España, y se ha preocupado por aclarar que “desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea tiene competencias reforzadas para salir en defensa de las inversiones de los socios europeos en cualquier país extranjero”. Una velada advertencia para la Argentina.

En una encuesta del diario español ABC se preguntó: “¿qué medidas debe adoptar el gobierno tras la nacionalización de YPF?”. Las respuestas más votadas fueron: “respetar la decisión soberana de Argentina” con un 56%, y “una rotunda respuesta diplomática contra Argentina” con un 43 por ciento.

Si bien es conocida la nula confiabilidad estadística de estas encuestas realizadas a través de Internet, sirve para analizar esta puja de intereses y quién defiende cada bando. Las declaraciones del ministro español de Industria sonaron como si estuviéramos en tiempos de la Colonia. Sin duda, el gobierno español y el de la Unión Europea hace rato están embarcados en la defensa de los intereses de los capitales, tanto financieros como productivos, mientras que el pueblo de España, como el resto de la Unión Europea, está buscando una solución a la aguda crisis que están pagando con gran sufrimiento, causada en gran medida por privilegiar los intereses del capital.

Este abroquelamiento de los gobiernos europeos para defender los sacrosantos beneficios de las inversiones privadas, puede confrontarse con la unidad que está demostrando América Latina en estos días de la VI Cumbre de las Américas, donde ha surgido un unánime apoyo de los países latinoamericanos a la asistencia de Cuba a la reunión, y se ha definido que esta es la última Cumbre sin representación de ese país.
Es de destacar que esta reunión se inició con un fuerte respaldo a la Argentina, ya que 32 de los 34 países intervinientes solicitaron “que la VI Cumbre de las Américas se pronuncie por la apertura del diálogo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, en función de encontrar una salida diplomática al justo reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con base en el principio de la integridad territorial”.

Estos importantes resultados de la integración latinoamericana también denotan una fortaleza para el ejercicio de la soberanía de los países que la componen, tanto en el caso de las disputas territoriales, como en las decisiones sobre sus recursos naturales, que, en el caso de la Argentina, podrían generar conflictos con los inversores extranjeros y los gobiernos que se sienten afectados.