Opinión

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Ley de Medios

*Por Gabriel Monzón - Consenso Bicentenario



Hoy nos encontramos frente a una ley histórica. Una ley que no puede sorprender a nadie por varios motivos:

• el primero es que se encuentra en la plataforma presidencial del Frente para la Victoria, por lo tanto estamos cumpliendo con lo que establecimos en el proyecto de gobierno que le mostramos al pueblo antes de las elecciones.

• el segundo es que siempre hemos anunciado que la gestión que comenzamos en el 2007 iba a profundizar el modelo peronista que la gestión del presidente Néstor Kirchner había comenzado a llevar adelante en el año 2003, cuando el país estaba en la peor situación social, económica y política de la que tenemos memoria, crisis que se había comenzado a gestar en los años anteriores y que durante la presidencia de Carlos Menem y de Fernando de la Rua fue madurando y explotando, y que con la presidencia de Eduardo Duhalde no se pudo mejorar. Muy por el contrario, se confiscaron los ahorros de los sectores medios y populares del país y, tal cual dijese el Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández, recibió un país en llamas y dejó un país en llamas.

• el tercero de los motivos por los cuales no nos puede sorprender es que esta ley viene a hacer justicia en uno de los últimos bastiones que la dictadura supo conservar: el COMFER y la regulación de los medios de comunicación. Con una legislación perimida, inadecuada, que desconoce los avances tecnológicos de los últimos 30 años, que ignora las voces de los sectores populares, de los descamisados, de los desposeídos. Y esta ley no solamente le da voz a todos los sectores, sino que garantiza que todos los sectores pueden recibir información desde - valga la redundancia- todos los sectores.

• el cuarto es que la cultura no es privilegio de quienes pueden pagar, ni el entretenimiento es privilegio de quien puede pagar, ni la información es privilegio de quien puede pagar; como también podemos decir que la cultura no es privilegio de un pequeño grupo que la desee brindar, ni el entretenimiento es privilegio de un pequeño grupo que la puede brindar, ni la información es privilegio de quien la quiere brindar. Todos y cada uno de nosotros, en el sentido verdadero de la democracia, tiene derecho a dar y recibir cultura, entretenimiento e información. Porque la verdadera liberación de los pueblos podemos definirla en las palabras de Paulo Freyre: "todos enseñamos y todos aprendemos". Es la verdadera cultura popular, el verdadero entretenimiento popular y la verdadera información popular.

Pero la oposición cuestiona seis puntos de la ley que nos ha enviado el Poder Ejecutivo y ha mejorado la Cámara de Diputados.

Y frente a cada argumento de la oposición puedo, haciendo gala del espíritu de esta ley, oponer mis argumentos, de modo tal que el pueblo en su conjunto escuche las dos campanas, siempre y cuando el oligopolio de los medios que hoy esta vigente publique las mías también.

Lo primero que se critica es la Autoridad de Aplicación. La oposición quiere modificar su estructura, queriendo que los siete miembros se constituyan de la siguiente manera: tres por la Cámara de Diputados, tres por la Cámara de Senadores y uno por el Poder Ejecutivo. Saludo esta iniciativa, pero lo que no llego a entender es si los representantes de la Cámara de Diputados son de distintos partidos a los integrantes de la Cámara de Senadores. ¿Los diputados radicales son de otro partido que los senadores radicales por ejemplo? Porque si no es así, no entiendo la modificación de la modificación. Pero hagamos un ejercicio de estudio: la ley vigente de la dictadura establece que el actual organismo que regula la Radio y la Televisión está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios. Esto lo debemos decir en tiempo pasado y en tiempo presente. Me parece bien que sectores que se consideran democráticos defiendan esta estructura, pero una cosa es que se consideren democráticos y otra cosa que lo sean. Nosotros en cambio escuchamos sus voces sin descalificarlas, no las compartimos pero las aceptamos, porque a diferencia de ellos nosotros somos democráticos reivindicando nuestro origen. Porque nosotros somos peronistas por origen popular, por convicción personal y por conciencia nacional. Pero no podemos permitir, por esta misma convicción democrática que la ley vigente también lo sea en tiempo futuro. Porque debemos tener un profundo cambio en nuestro destino, en las estructuras que nos generan la esperanza y las expectativas para seguir creciendo.

La autoridad de aplicación enviada desde diputados fue distinta a la original. El proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación estará compuesta por 7 miembros, en lugar de los 5 originales. Estos 7 miembros son un presidente y un director nombrados por el poder ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentaria, y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Todos deben tener una alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer reconocida trayectoria democrática y republicana. Claro que si lo que se quiere frente a esto es un directorio como el actual, con militares, miembros de los servicios de inteligencia y empresarios, cada uno esta en su derecho de preferirlo, aunque se denominen democráticos.

Otro punto de conflicto que quiere modificar la oposición es el artículo 32 que establece que el Poder Ejecutivo adjudicará las licencias para servicios de radiodifusión abierta cuya área primaria de servicio supere los 50 kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de 500.000 habitantes. El planteo es la eliminación de este párrafo para que todas las licencias las autorice la autoridad de aplicación. Les pido que reflexionemos en el siguiente sentido: un servicio de radiodifusión que supera los 50 kilómetros y que ademá, se encuentra en un importante conglomerado urbano, debe ser necesariamente adjudicado por el Poder Ejecutivo Nacional, pues es misión del Poder Ejecutivo otorgar un mayor control cuando el espectro es más escaso, y ese espectro se da cuando concurren la alta potencia y la alta densidad demográfica. Frente a estas dos variables se establece un segundo control ya que, al ser vinculantes los concursos con los que se otorgan las licencias, y el espectro ser más escaso, el Poder Ejecutivo sin ignorar a la autoridad de aplicación debe dar su respuesta y debe ejercer el control para la adjudicación de la licencia, de manera de evitar la monopolización local de la información. Esto no supone un manejo discrecional de la adjudicación de las licencias. Muy por el contrario, el tema en cuestión es generar un control de segunda instancia para garantizar la democracia informativa.

Pero avancemos en otro punto cuestionado por la oposición cuestiona los incisos c) y d) del segundo párrafo donde dicen que se permite hasta una licencia de TV abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción o visceversa. La explicación a esto esta dada en el primer párrafo del artículo donde dice textualmente "A fin de garantizar los principios de DIVERSIDAD, PLURALIDAD Y RESPETO POR LO LOCAL se establecen limitaciones a la concentración de licencias". Y el Segundo Párrafo cuestionado de este artículo casualmente habla del otorgamiento de las licencias en el orden local. Supongamos el siguiente escenario: en el orden local se otorgan por concurso dos licencias de TV abierta y dos licencias de TV por cable o suscripción, y un canal de TV abierta es a la vez titular de un canal de cable o al revés, se estaría vulnerando el limite impuesto por este mismo artículo que dice que en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados. Esto significa llanamente que no puede existir la constitución de un monopolio y oligopolio informativo pues los objetivos de esta ley son la democratización de la información ya que es un derecho humano básico. Podremos discutir si la norma es o no perfectible, que seguramente lo es. Pero lo que no podemos decir es que en la actualidad la norma es mejor: ahora existen poblaciones cautivas de un solo prestador. Por lo tanto no tienen derecho a la libre información sino a la información que una empresa decide dar sin posibilidad de escuchar una multiplicidad de opiniones. Cualquier semejanza con la tiranía no es pura coincidencia.

Llegamos al Régimen de Sanciones, y de los 18 artículo se cuestiona especialmente el inciso a) del artículo 108, donde dice que se podrá aplicar la caducidad de la licencia en caso de la realización de actos atentatorios contra el orden constitucional de la Nación o por proclamar e incentivarlos desde los medios. Se dice que esto es una puerta abierta para la censura. Esto se combate fácilmente desde la realidad: nunca existió un encono mediático más fuerte que el actual hacia el gobierno, y nunca se aplicó la censura pues no está en nuestro ideario ni jamás lo permitiremos. Sí hemos decidido la confrontación democrática: frente a los dichos de unos oponemos nuestros dichos, y que la sociedad decida. Es nuestro gobierno quien elimino el tema de las calumnias e injurias con respecto a la prensa. Es nuestra gestión la que determino que cada uno puede decir lo que quiere y cuando quiere, aunque eso incluya hasta poner en juego la moral, el pasado y la vida privada sin ofenderse. Es nuestra doctrina la que establece que nuestra patria debe ser justa, libre y soberana. Y si queremos una patria justa, y entendemos por justicia dar a cada uno lo que se merece, todos nos merecemos recibir información variada y los distintos puntos de vista. Si hablamos de una patria libre, todos podemos decir lo que querramos en el marco de respeto que la libertad nos obliga a tener. Y si queremos una patria soberana, nuestra soberanía se da principalmente en el respeto del derecho del hombre como individuo y como miembro integrante del pueblo. Además de las otras acepciones de estos tres adjetivos el justicialismo vino para combatir el poder que oprime al pueblo, no para aumentar o generar ese poder. Y si defendemos al pueblo, pues es lógico que los voceros del antipueblo se preocupen.

Luego nos piden que el plazo de desinversión sea modificado pues vulnera los derechos adquiridos y puede provocar eventuales juicios. Ahora se establece que una vez definido el mecanismo de transición por parte de la autoridad de aplicación, las empresas deberán adecuarse a la normativa en el plazo de un año. La oposición tiene dos opciones: elevar el plazo a tres o cinco años o dejar que caduquen las licencias. Entonces me surgen algunas preguntas:

¿los juicios no se efectuarán de la misma manera si en lugar de un año es tres o cinco? Respuesta abortada: si en tres años no se producen juicios tampoco en uno. O al revés. Cualquiera de las dos respuestas invalida el cuestionamiento.

¿Y si caducan? Esta opción no es viable: el derecho humano se ejerce, y si hasta ahora nadie le quiso poner el cascabel al gato, es lógico que el gato sea mañoso y arañe. Pero, en definitiva, el derecho a la información esta definido en esta ley como un derecho humano universal y que implica el derecho a brindar información y a recibir. Entonces me pregunto: ¿puede existir el derecho a brindar información si no existe el derecho a recibirla? La respuesta es no. Por lo tanto, cuanto antes se aplique la vigencia plena de este derecho, antes se dignifica al pueblo.

Por último cuestionan la Publicidad Oficial, diciendo que no existe regulación. Y en este sentido, la publicidad oficial es brindada en los lugares y por los medios que el Estado consideré conveniente. Imponer al Estado pautas obligatorias, aún con diferencias de tarifas, viola el principio de esta ley: la vigencia de la democracia.

En definitiva, este debate podemos darlo porque ejercemos la democracia. Este debate, por lo tanto, no quiere ser dado por quienes no quieren ejercerla. Y me hago cargo de mis palabras. Esta ley de medios audiovisuales pone una bisagra en la recuperación de las instituciones democráticas de la Argentina.

Y frente al planteo de los empresarios de los medios de noticias debemos oponernos diciendo que las noticias son de todos, aunque los medios sean, solamente y por ahora, de un pequeño grupo de empresarios.