La lucha por un ambiente sano: un desafío para la democracia

*Por Victoria Donda
Desde hace años, la conciencia ambiental en nuestro país ha dado pasos importantes en el conjunto de la sociedad. La mayoría de las veces muy por delante de la voluntad de funcionarios y autoridades a cargo de áreas estratégicas.
Esa conciencia es la que permitió por ejemplo, la sanción de la ley de bosques y de glaciares: ambas producto de la movilización de diversos sectores que se pusieron al hombro la tarea de extender el debate sobre su contenido y necesidad. Son parte del mismo proceso las leyes que prohíben la minería a cielo abierto sancionadas en nueve provincias y los cientos de ordenanzas a lo largo del territorio que restringen las fumigaciones aéreas y terrestres alrededor de las poblaciones.
También la sentencia de la Corte Suprema de Justicia para sanear el archicontaminado Riachuelo, o el cierre de varios rellenos sanitarios aquí en el conurbano, donde se enterraron durante años la basura de buena parte de la población del país.
Existen ejemplos de sobra que muestran cómo esa conciencia ambiental, lejos de ser considerada como un valioso capital al momento de llevar adelante las medidas de gestión correspondientes, hasta ahora ha significado para los gobiernos nacionales y locales un gran problema a sofocar.
Toda política ambiental lleva implícita un conflicto de intereses, de allí la necesidad de recuperar y jerarquizar el rol del Estado. No sólo como garantía en la defensa de los intereses de las grandes mayorías, sino principalmente para garantizar la participación activa de todos los sectores involucrados en las decisiones que sin dudas los afectarán. No es una cuestión menor: se trata del corazón mismo de una verdadera democracia.
Recientemente hemos presentado un proyecto de ley que modifica el Código Civil vigente, declarando a todas las fuentes de agua -ríos, lagos, glaciares y humedales- como bienes comunes del Estado. Es decir, mantienen su condición de bienes públicos, pero el Estado no podrá disponer de ellos libremente sin antes realizar una audiencia pública y consulta a la población afectada. Se busca preservar los intereses comunes que existen alrededor de estos bienes estratégicos.
El proyecto incluye en esta nueva categoría al “camino de sirga”, el espacio público de treinta y cinco metros que rodea a lagos y ríos que el Poder Ejecutivo intenta reducir en su propuesta de unificación de los Código Civil y Comercial. Quienes viven o han visitado el sur de nuestro país saben lo difícil que es acceder a lagos hoy considerados como públicos, por estar cercados sus caminos de ingreso y costas. También vemos cómo los pocos espacios públicos de las costas del Río de la Plata hoy pasan a manos privadas para la construcción de grandes proyectos inmobiliarios, sin que los graves efectos de las recientes inundaciones logren torcerles el brazo.
El proyecto garantiza el libre acceso de la población a estos espacios de esparcimiento, uso público y preservación de los ecosistemas, estableciendo la responsabilidad de las autoridades en su limpieza y mantención, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en el saneamiento del Riachuelo.
La defensa del agua y los espacios verdes públicos son muy buenas razones para empezar a implementar mecanismos democráticos que pongan en práctica la participación del conjunto de la sociedad, fortaleciendo la conciencia ambiental tan necesaria para un mundo mejor y más sano, para nosotros y nuestros hijos.